Probidad y transparencia: Un derecho y deber ciudadano.

Por Laura Araya y Valentina Verdugo - Orquestadoras ObservaCiudadanía


El estado de emergencia acontecido por el COVID-19 pone a prueba las capacidades de los gobiernos del mundo en contextos de incertidumbre política creciente, donde las necesidades sociales de justicia y equidad crecen de forma exponencial. Esto plantea la necesidad de crear un gobierno democrático acorde con los requerimientos de la ciudadanía, y que actúe en cada momento con base a los principios de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información de interés general.


Distintos medios de comunicación e investigación periodística (ejemplo: Interferencia y Ciper) han dado a conocer situaciones relativas a faltas a la Ley de Transparencia en el marco del contexto pandemia COVID-19, destacando incumplimientos por por parte de la Subsecretaría de Salud y las Redes Asistenciales. Lo anterior, nos recuerda la necesidad de velar por el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, pues son estos los que permiten generar puentes de entendimiento con la ciudadanía y darle la posibilidad de involucrarse, constituyéndose como verdaderas herramientas de promoción de la integridad y de accountability (rendición de cuentas).


El principio de probidad plantea que las y los funcionarios públicos deben tener un desempeño honesto y leal en sus respectivos cargos, fomentando el interés general por sobre el particular. La Ley 19.653 de Probidad administrativa de Chile pone a disposición de la ciudadanía la información de los bienes e intereses de quienes ocupan altos cargos en la función pública.


La Ley de Transparencia (Ley 29.285), por su parte, permite reconocer en todas las personas el derecho a acceso a la información pública, permitiendo a cualquier ciudadano y ciudadana el acceso a información de cualquier institución pública. El acceso a información puede ser tanto por transparencia activa, es decir, a través de los sitios web de los organismos públicos o, por derecho de acceso a la información. Esta última nos plantea que los organismos públicos tienen la obligación de recibir solicitudes de información y entregar una respuesta, a excepción que exista un motivo de reserva.


La transparencia y la probidad constituyen una manera de prevenir o revelar prácticas abusivas y actos de corrupción por parte de las autoridades, entendiendo por corrupción como “una práctica o fenómeno que supone el uso o abuso de poderes y funciones públicas para generar indebidamente riqueza o beneficios privados” (BCN, 2021; Zalaquett, 2007). Es decir, como ciudadanos poseemos herramientas que nos posibilitan identificar situaciones de abuso de poder, malgastos de fondos y actos de corrupción en todos los entes públicos y, por ende, es nuestro deber comprender el uso de estos mecanismos de participación, mantenernos informados y denunciar dichas prácticas.


La democracia hoy no se restringe a momentos electorales, más bien se entiende como un modelo continuo, que se expresa en “una forma de sociedad en que las relaciones sociales no son inmutables; la puesta en cuestión de lo justo y lo injusto, de lo legítimo y lo ilegítimo es constitutiva” (Cheresky, 2015). La participación ciudadana se ha convertido en parte del sentido común del quehacer público, lo que acompañado de mecanismo de transparencia y acceso a la información han permitido darle sostenibilidad a una forma de gobierno que busca contener los conflictos (Chile transparente, 2021).

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