🏫 Formación ciudadana y liderazgo estudiantil: la escuela como laboratorio democrático

La formación ciudadana no es un tema accesorio del currículum escolar: es el corazón de toda comunidad educativa que busca preparar a sus estudiantes para vivir en democracia, comprender sus derechos y ejercerlos con responsabilidad. En Chile, este propósito tiene una base normativa clara —el Decreto Exento N.º 524 (1990) y la Ley 20.911 (2016)— que establece tanto la organización estudiantil como el Plan de Formación Ciudadana (PFC) como pilares para construir una cultura participativa y democrática desde la escuela.

El Decreto 524 regula la existencia y funcionamiento de los Centros de Estudiantes, reconociendo en ellos un espacio legítimo de representación y aprendizaje cívico. Lejos de ser una formalidad, su implementación permite que niños, niñas y adolescentes experimenten la democracia en acción: dialogan, deliberan, eligen y ejercen liderazgo en temas que afectan su entorno escolar. Así, los centros se convierten en una herramienta pedagógica de primer orden para aprender ciudadanía practicándola, fortaleciendo habilidades como la empatía, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la comunicación respetuosa.

Por su parte, la Ley 20.911 obliga a todos los establecimientos reconocidos por el Estado a contar con un Plan de Formación Ciudadana, integrando la educación cívica no solo en el currículum formal, sino también en la vida escolar. Esta ley busca que la formación ciudadana sea transversal, vivida, cotidiana; que trascienda los límites de una asignatura para transformarse en una cultura institucional. Sin embargo, esa transversalidad —si no se acompaña de gestión, apoyo técnico y financiamiento— corre el riesgo de diluirse en lo cotidiano, perdiendo fuerza y visibilidad.

En la práctica, el desarrollo de estos planes y de los Centros de Estudiantes depende en gran medida del compromiso de equipos docentes y directivos. La figura del profesor asesor y del coordinador de formación ciudadana son claves: son quienes dan vida a los procesos, traducen la normativa en experiencia y facilitan el encuentro entre jóvenes y comunidad. No obstante, la falta de reconocimiento formal y de recursos dedicados ha hecho que estas funciones se sostengan más por vocación que por estructura, lo que reproduce una tensión entre la aspiración normativa y la realidad escolar.

La UNESCO (2015) ha señalado que la ciudadanía del siglo XXI requiere no solo conocimientos sobre instituciones democráticas, sino también competencias socioemocionales, pensamiento crítico y sentido de agencia. En esa línea, los estudios internacionales ICCS (Schulz et al., 2018) han demostrado que los entornos escolares participativos, con docentes comprometidos y espacios de deliberación, son los que más contribuyen al desarrollo de una ciudadanía activa. Esto refuerza la urgencia de fortalecer los roles educativos vinculados a la formación ciudadana, dotándolos de reconocimiento, acompañamiento y financiamiento sostenido.

Fortalecer la formación ciudadana no significa solo cumplir una obligación legal: significa asumir una responsabilidad ética con las generaciones más jóvenes. Implica entender que cada elección de centro de estudiantes, cada asamblea, cada espacio de diálogo o proyecto comunitario, son instancias donde se ensaya el país que queremos construir.

En un contexto global marcado por la polarización, los discursos de odio y la desconfianza en las instituciones, el desafío es enorme. Pero si algo nos enseña la experiencia chilena es que la democracia se aprende viviéndola, y que la escuela sigue siendo el mejor lugar para hacerlo.