En 2016, se promulgó la Ley 20.911, que estableció el Plan de Formación Ciudadana para las instituciones educativas reconocidas por el Estado. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, como la falta de supervisión en su implementación, la escasez de recursos directamente asignados y la evaluación de su impacto, esta legislación representa un hito fundamental en la promoción de la formación ciudadana. Reconoce la importancia de la educación cívica y, al mismo tiempo, incorpora habilidades y valores esenciales para la vida en una sociedad democrática.
Además, la Ley 20.911, en su artículo segundo transitorio, estableció el compromiso del Ministerio de Educación de introducir, a más tardar en 2017, una asignatura obligatoria de Formación Ciudadana para los niveles de 3º y 4º año de la enseñanza media. Esta iniciativa recibió la aprobación del Consejo Nacional de Educación (CNED) en 2018, lo que nos permite ahora contar con una asignatura de Educación Ciudadana en el Currículum Nacional para 3° y 4° medio.
A medida que nos acercamos al medio siglo del quiebre de nuestra democracia, sería alentador observar que, al igual que en los años 2016-2018, se puedan alcanzar nuevos consensos para avanzar en una educación ciudadana aún más sólida. Esta ley, que logró reunir acuerdos de diversos sectores, debería servir como guía no solo para las comunidades educativas, sino también para aquellos que lideran el debate público. Recordemos uno de los objetivos establecidos en esta ley: "Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo". Este objetivo podría ser abrazado transversalmente por ciudadanos y ciudadanas tanto a nivel de discursos como en la forma en que convivimos. Pues al fin y al cabo, la formación ciudadana es un desafío de toda sociedad democrática, no limitada exclusivamente al mundo escolar.
Oscar Guerra
Director fundador
Observa Ciudadanía
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