¿Educación cívica o formación ciudadana?

En Chile, la aprobación de la Ley 20.911 en 2016 marcó un hito al establecer que todos los establecimientos reconocidos por el Estado deben contar con un Plan de Formación Ciudadana. El objetivo era claro: que las comunidades educativas fomenten en sus estudiantes el ejercicio de una ciudadanía activa, consciente y responsable, en un marco democrático. (Ver: https://bcn.cl/2f702 )

formación ciudadana

La ley representó un avance importante respecto a la visión más restringida de la antigua Educación Cívica, centrada en transmitir conocimientos sobre el funcionamiento del Estado, las instituciones y el marco jurídico. Con la nueva normativa, se buscó ampliar la mirada hacia dimensiones formativas que incluyen la participación, la valoración de la diversidad, el pensamiento crítico y la cohesión social.

En paralelo, los ajustes curriculares han ido incorporando de forma más explícita objetivos de aprendizaje relacionados con la formación ciudadana, distribuidos a lo largo de las distintas asignaturas y niveles educativos. Esto supuso dejar atrás la idea de que la ciudadanía se aprende solo en una materia específica y entender que formar ciudadanos es una tarea transversal.

Sin embargo, a casi una década de su promulgación, el debate sigue abierto: ¿estamos logrando pasar de una educación cívica —centrada en contenidos y procedimientos— a una formación ciudadana integral, que vincule saberes, habilidades y actitudes con experiencias reales de participación?

El riesgo es que el Plan de Formación Ciudadana termine como un documento formal más, sin conexión viva con el proyecto educativo ni con las prácticas escolares cotidianas. Para evitarlo, es necesario un enfoque integrado, donde los aprendizajes se construyan tanto en el aula como en la interacción con el entorno escolar y comunitario. Esto significa:

• Vincular la teoría con la práctica: no solo conocer el sistema político, sino vivir experiencias de deliberación, organización y resolución de problemas colectivos.

• Contextualizar la formación: conectar los contenidos con las realidades locales, territoriales y culturales de los estudiantes.

• Fomentar la reflexión crítica: abrir espacios donde se pueda analizar la actualidad, debatir distintas posturas y comprender la diversidad de perspectivas.

• Involucrar a toda la comunidad educativa: docentes, directivos, familias y actores locales como parte de la construcción ciudadana.

  
  

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En tiempos de desafección democrática y polarización, la formación ciudadana es más que un requisito legal: es una inversión en el tejido social y en la capacidad de las próximas generaciones para construir en conjunto. No se trata de elegir entre educación cívica o formación ciudadana, sino de integrar lo mejor de ambas: el rigor del conocimiento cívico con la riqueza formativa de experiencias democráticas vividas.

La Ley 20.911 nos dio el marco; ahora, el desafío es llenarlo de contenido vivo, situado y transformador.